A pesar de que bajo la perspectiva internacional la situación no es desfavorable en términos de salud pública, el consumo de drogas y cuanto corre parejas con ello constituye también en Holanda un problema social y administrativo de dimensión grave y aguda. Al abordar el problema se presentan tres complicaciones: la problemática de la molestia, la criminalidad organizada en torno al tráfico de drogas y la crítica extranjera sobre los supuestos y reales efectos externos.
En primer lugar, una pequeña parte de los adictos a la droga dura causa mucha molestia a sus conciudadanos. Este grupo comete gran cantidad de delitos patrimoniales a fin de conseguir dinero para la compra de sus estupefacientes. Contrariamente a lo que se esperaba, el suministro de metadona, fácilmente adquirible, al que ha procedido Holanda, apenas ha producido un mejoramiento de la situación. Aproximadamente el 20 por ciento de los drogadictos muestra un estilo de vida sumamente desagradable. Su conducta vagabunda, su (poli)drogadependencia y criminalidad constituyen elementos que se fortalecen mutuamente*. Mediante la venta de drogas, la criminalidad relacionada con la droga y las formas de comportamiento inconformista de los toxicómanos, como el abandono de jeringuillas en la calle, se traspasan crónicamente los umbrales de la tolerancia, sobre todo de los habitantes de los barrios socialmente vulnerables. En algunos casos ello ha dado lugar a que los ciudadanos tomaran la justicia por su mano, por ejemplo, expulsando de su barrio a los drogadictos (y/o cerrando la calle a los narcoturistas franceses).
El consumo de drogas no puede proporcionar nunca, por supuesto, carta blanca para causar daños y molestias a conciudadanos. La administración pública tendrá que poner coto a la criminalidad y a la molestia que causa una parte de los drogadictos, cualquiera que sean los objetivos de la política de la droga que se lleve a cabo. Con miras también a la clara extensión del grupo meta - aproximadamente 5.000 toxicómanos muestran un modo de vida extremadamente asocial - el gobierno considera suya la tarea de obtener resultados a corto plazo y ofrecer de este modo una perspectiva para una solución permanente de este mal.
En algunos municipios, la población se queja también de la molestia con motivo de la presencia de la presencia de coffeeshops, que atraen a corrientes de visitantes (también extranjeros), que arman escándalo y se comportan de modo asocial*. La molestia relacionada con los coffeeshops es de otra índole que la causada por el escenario de las drogas duras. Se trata en parte de una molestia que se manifiesta en establecimientos de hostelería en general. En algunos municipios, sin embargo, a causa entre otras cosas del narcoturismo extranjero, se manifiesta una molestia excesiva para los vecinos que habitan alrededor de coffeeshops. Para esta molestia no existe ninguna justificación.
Estos efectos secundarios de la política que se sigue con respecto a los coffeeshops minan la base social al respecto. También por esta razón tendrán que ser eliminados. Esto rige a fortiori para la molestia causada por bares que tienen licencia para bebidas alcohólicas y que venden también cannabis. Se deberá actuar también más enérgicamente contra los coffeeshops que desempeñan actividades ilegales, como tráfico de drogas duras y armas o receptación. Los límites de la política de tolerancia se tendrán que trazar con mayor nitidez.
La segunda complicación es el surgimiento de organizaciones criminales que se dedican al transporte y venta de drogas. Si bien, por definición, se carece de cifras exactas sobre tales organizaciones, no cabe duda de que, en los últimos decenios, los criminales profesionales que se dedican parcial o principalmente al comercio de drogas han podido ampliar fuertemente sus actividades tanto a nivel internacional como en Holanda. Se calcula que a nivel mundial, el narcotráfico representa ganancias anuales por un valor de aproximadamente 500 mil millones de florines* (unos 300 mil millones de dólares). Los cálculos aproximados del volumen anual de ventas de drogas blandas y duras en Holanda difieren bastante entre sí. El cálculo mencionado en la Nota 'Criminalidad Organizada: aspecto de amenaza y plan de tratamiento' (documentos parlamentarios II 1992-1993, 22838, núm. 1), de 5,5 mil millones de florines por año, parece ser que ha de considerarse ahora como un importe mínimo. Los cálculos más actuales mencionan una cifra de 10 mil millones de florines * (unos 6 mil millones de dólares). El aumento de la importancia económica de la criminalidad organizada se desprende también del hecho de que, en 1994, las instituciones financieras cursaron 2600 comunicaciones al llamado 'Centro de Comunicación de Transacciones Inusuales' (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties), que fueron continuadas luego a justicia con la calificación de transacciones 'sospechosas'. La mitad aproximadamente de estas transacciones sospechosas guardaba relación con el tráfico de drogas.
La creciente actividad y el poder económico de organizaciones criminales, que operan con frecuencia a nivel internacional, constituyen una amenaza para el estado de derecho democrático. Esta amenaza suscita, por supuesto, contrarreacciones por parte de la administración pública, p.ej., en la forma de mayores atribuciones y recursos adicionales para la policía y la justicia. Por otro lado, también se recurre a la banca y a profesiones libres de cierta relevancia, para la prevención y localización de prácticas de blanqueamiento de dinero. Los importes en cuestión representan una suma tan elevada que la integridad de algunas partes de la economía se ve sometida a una prueba cada vez más dura. Para la política se suma a ello el complicado factor de que las corrientes financieras hacen cada vez menos caso de la existencia de fronteras nacionales.
El alcance de las intervenciones penales y preventivas se hace gradualmente mayor. Esta evolución significa inevitablemente que en pro de la causa pública se piden sacrificios a las empresas y a los ciudadanos individuales en la forma de cargas adicionales y restricciones de derechos y libertades civiles. Para poder protegerse contra esta contraofensiva común, las organizaciones criminales tratan a su vez de corromper a colaboradores de la policía, justicia y banca, así como también a quienes ejercen profesiones libres. Esto conduce a continuación a tener que introducir o agudizar normas de conducta éticas. El círculo vicioso que se ha puesto en marcha en torno al tráfico de drogas acarrea cada vez mayores gastos sociales. En algunas partes de los Estados Unidos, los gastos del sistema penitenciario afectan de tal modo al presupuesto estatal que con ello se amenaza tener que dejar relegadas otras previsiones públicas, como la enseñanza, por ejemplo. Según algunos críticos, los gastos de la política de la droga no estarían en proporción razonable con los beneficios. La encuesta parlamentaria que se lleva a cabo en la actualidad, entre otras cosas sobre la admisibilidad de los métodos que se aplican para localizar organizaciones criminales, se dirige asimismo en este sentido hacia ciertos efectos secundarios controvertibles de la política con respecto al narcotráfico.
La tercera complicación la constituyen los efectos internacionales de la política holandesa. La crítica a veces dura de gobiernos extranjeros sobre la política holandesa se basa en parte en insuficientes conocimientos de la materia. Como respuesta al respecto, tendrán que proyectarse mejor a nivel internacional los objetivos y efectos reales de la política holandesa de la droga. Asimismo la crítica proviene de una visión fundamentalmente diferente sobre la tarea de la autoridad con relación al consumo de sustancias arriesgadas por ciudadanos adultos. Esta clase de diferencias se manifiesta también en la política de las autoridades europeas con relación a la regulación de los mercados de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Además, existen diferencias de parecer sobre los riesgos médicos de ciertas drogas. La opinión del legislador holandés, de que los derivados del cannabis acarrean menos riesgos para la salud que las drogas duras, y por tanto requieren otro enfoque, no se ve compartida tampoco totalmente en el seno de la Unión Europea. Unos informes extranjeros de fecha reciente, redactados por prestigiosos expertos en el dominio de drogas, apoyan la diferencia que hace el legislador holandés entre drogas blandas y drogas duras*. La crítica que procede de opiniones sobre riesgos sanitarios, acerca de las cuales no se puede encontrar más apoyo en la literatura científica, no ha de constituir, por supuesto, una base para adaptar la política holandesa. La reacción al respecto ha de consistir en programas de intercambio científicos y administrativos.
El carácter ideológico de una parte de la crítica extranjera no puede ocultar que en la política holandesa existan lados problemáticos con los cuales se ve enfrentado el extranjero. Con el comercio de ciertas formas de drogas, Holanda y los holandeses ocupan indiscutiblemente una posición más que proporcional. Según estimaciones de la policía, hay en Holanda unas cien organizaciones criminales activas y su mayor parte trafica también en drogas*. En las organi- zaciones criminales que se dedican también al comercio de drogas duras, los habitantes de origen extranjero que sostienen estrechos vínculos con organizaciones criminales en su propio país, están excesivamente representados. Las organizaciones a las cuales pertenecen principalmente holandeses autóctonos despliegan sobretodo actividades en el comercio de drogas blandas. En este respecto se trata sólo de una pequeña parte para abastecer el propio mercado doméstico. Los holandeses están implicados, además, en el tránsito y comercio internacional de drogas blandas. Holanda es a la vez un importante productor de anfetaminas y XTC.
Las causas de la implicación de Holanda en el tráfico de drogas coinciden en parte con la situación geográfica del país. Para muchos productos, Holanda es la principal Puerta de Entrada a Europa. Debido, entre otras cosas, a su carácter cosmopolita, Amsterdam, en particular, es también un punto de encuentro internacional. Como ya se observó en el informe 'Comunidad y Criminalidad' (1985), no puede evitarse totalmente que las infraestructuras existentes sean utilizadas también para el comercio de drogas. La administración pública holandesa realiza grandes esfuerzos para localizar y perseguir el narcotráfico internacional a través de los puertos marítimos y del aeropuerto de Schiphol (Amsterdam). La participación en investigaciones internacionales de localización será reforzada en los años venideros mediante la institución de un equipo nacional de policía judicial, entre otras cosas. Sin embargo, dado el volumen y rapidez de las corrientes de mercancías, no se logrará nunca que, por ejemplo, Rotterdam, ni ningún otro puerto mundial, quede completamente 'libre' de drogas.
Entre las autoridades de algunos países vecinos existe preocupación por los efectos internacionales de la política holandesa. Principalmente los precios relativamente bajos por los que pueden adquirirse en los últimos años algunas drogas duras en Holanda - y desde hace poco también en Bélgica - así como la exportación de existencias de drogas blandas compradas en coffeeshops holandeses, constituyen una especie de piedra filosofal.
Los precios bajos de la heroína en el mercado ilegal no pueden atribuirse sin más a la política seguida en Holanda con relación a la producción o transporte. A diferencia de lo que a veces se cree en el extranjero, en Holanda se localiza de forma intensa y se castiga con severidad el tráfico de drogas duras. La rápida ampliación de la capacidad de complejos penitenciarios da testimonio de ello. El factor crucial lo constituye la oferta agobiadora de drogas duras en los mercados internacionales, como se afirma también en los informes periódicos de las Naciones Unidas. El precio en el mercado de consumo se determina en parte por la demanda local de ciertos tipos de drogas. En Holanda, igual que en otros países, se viene observando en los últimos tiempos una fuerte disminución de la popularidad de la heroína, mientras que también se suministran sustitutivos en gran escala, como metadona a la población existente de viejos adictos. Cabe admitir que la disminución de la demanda de heroína ejerce un efecto que presiona los precios hacia abajo. Sin embargo, esto no quita que los precios bajos de las drogas duras atraigan al narcoturismo y que por tales motivos, en parte, constituyen un asunto inquietante. La intensificación de los esfuerzos de localización relativos principalmente a las drogas duras, con inclusión del XTC, es necesaria. En el capítulo V del informe se tratan con detalle las intenciones políticas en este asunto.
Los coffeeshops atraen, con seguridad en los municipios fronterizos, a clientes innegablemente extranjeros. Entre los países con una política de carácter diferente con respecto a la venta de bebidas alcohólicas u otros productos, como armas, se origina un tráfico fronterizo orientado específicamente hacia este efecto. Mientras existan diferencias en cuanto a la política seguida, no será posible evitar totalmente semejantes fenómenos de contrabando. Ahora que en el marco del tratado de Schengen se ha acordado respetar las diferencias existentes en la política nacional de los estados miembros con relación a la droga, es conveniente que estos efectos secundarios sean aceptados hasta cierto límite. Con el acuerdo de Schengen, sin embargo, el gobierno holandés ha aceptado la obligación de combatir todo lo posible con la ejecución de su propia política, los indeseables efectos secundarios internacionales*. De la administración pública holandesa puede exigirse que realice los esfuerzos necesarios para limitar a un mínimo la exportación de drogas blandas adquiridas en las 'tiendas'. El vecino mundo exterior responsabiliza con derecho y razón a Holanda en este respecto.