Dados los resultados obtenidos, relativamente favorables, no existen razones a juicio nuestro para someter fundamentalmente a discusión la política holandesa sobre la droga, que va dirigida en primer lugar hacia un control de los perjuicios para la salud. Tampoco existen motivos para modificarla en el fondo. Con los cambios radicales se corre incluso el riesgo de ejercer un efecto contraproducente sobre la salud pública. Las tres complicaciones anotadas - la problemática de la molestia, la criminalidad organizada en torno al comercio de drogas y la crítica extranjera sobre determinados efectos externos - obligan a efectuar un minucioso análisis de los problemas que se presentan en la práctica de su ejecución y a una adaptación de los mismos a determinadas partes. En el programa de gobierno se ha acordado continuar el enfoque relativamente acertado del problema de la droga y que habrán de introducirse matices en el mismo y ensayar nuevos caminos. La lucha contra la molestia recibirá además atención especial.
Las adaptaciones de la política seguida son asimismo necesarias en relación con las circunstancias continuamente cambiantes, tanto por parte de la compra como de la venta en los diversos mercados narcóticos. Las modificaciones en la composición y en los trasfondos sociales de los grupos de consumidores y el surgimiento de nuevas drogas exigen nuevas medidas. La estabilización de la población heroinómana en Holanda tiene por consecuencia que la atención a los drogadictos haya de dirigirse hacia los viejos clientes con problemas físicos y psíquicos. Como se ha mencionado, la heroína ha perdido mucha popularidad entre los jóvenes, en tanto que el volumen de adictos primarios a la cocaína al parecer se mantiene reducido. Por el contrario, las drogas sintéticas, como el XTC, hallan más aceptación, tanto en las reuniones de las llamadas house parties como fuera de las mismas. Estas drogas exigen un nuevo enfoque.
Finalmente, parece ser que también ha cambiado la actitud de la población con respecto a los drogadictos. Por un lado se ha producido cierta habituación a determinadas formas de consumo de drogas. Por otro, la drogadicción se considera cada vez menos como una excusa para la causa de daños a otros. La tolerancia para la criminalidad, la molestia y otro comportamiento asocial de toxicómanos ha disminuido.
Precisamente con la política pragmática holandesa sobre la droga corresponde un alto grado de franqueza, sentido crítico y flexibilidad. Frente a las complicaciones que se producen y a las nuevas tendencias, tendrán que obtenerse respuestas adecuadas, es decir, realistas.
En los debates nacionales sobre las complicaciones que se presentan con la política holandesa sobre la droga se ha abogado por diferentes lados en favor de una legalización de gran alcance o incluso total de la venta de drogas blandas y drogas duras*. El gobierno ha reflexionado acerca de la conveniencia y posibilidad de las propuestas de legalización y ha llegado a las conclusiones siguientes.
De acuerdo con las opiniones holandesas sobre la nocividad de las diferentes formas de drogas, conviene, para empezar, hacer una distinción entre la legalización eventual de drogas duras y la de drogas blandas, respectivamente. La nocividad de las drogas duras trae consigo la existencia de objeciones esenciales contra cambios de política que pudieren conducir a un incremento del número de consumidores debido a los riesgos para la salud pública. Este inconveniente pasa fácilmente desapercibido entre los partidarios de la legalización. Aunque no existe seguridad al respecto, hay que temer, sin embargo, que la legalización, cualquiera que sea la modalidad que se escoja, proporcionará un aumento de la disponibilidad de las drogas en cuestión. Al mismo tiempo, la juventud lo interpretará como una señal de que la nocividad es menor de lo que se esperaba. De este modo se crea el peligro de que aumente el número de jóvenes que empiecen a consumir drogas duras para verse luego enganchados. El gobierno no está dispuesto a asumir este riesgo.
Todavía hay otras contraindicaciones. Después de cierta forma de legalización, los precios de las drogas duras en los mercados legales e ilegales restantes, según toda probabilidad, serán notablemente más bajos en Holanda que en los países vecinos. Ante tal situación será inevitable que aumente el inadmisible turismo narcótico que ya vienen condenando ahora los gobiernos de los países vecinos y los ayuntamientos holandeses. La molestia en conexión con los toxicómanos no disminuirá, sino que tal vez será incluso mayor.
Al mismo tiempo, es de temer que el objetivo que se persigue, de que por la venta legal de drogas duras disminuya el narcotráfico criminal, resulte ilusorio si sólo en Holanda se decide legalizar las drogas. En la situación actual, el suministro de drogas al mercado nacional holandés no constituye más que una de las actividades de las grandes organizaciones criminales. Mientras continúe existiendo en algún lugar de Europa un mercado lucrativo para las drogas ilícitas, Holanda, como país de tránsito central, tendrá que vérselas con un comercio ilícito de drogas a cargo de organizaciones criminales holandesas e internacionales y con la necesidad de actuar en contra de ello. Las ventajas que pueda aportar la legalización, sólo se presentarán probablemente si otros países hacen otro tanto. Tampoco es seguro, ni mucho menos, que en semejante situación las organizaciones criminales se muestren menos activas. Muchas organizaciones desplazarán sus actividades criminales hacia otros sectores. En breve, el gobierno holandés rechaza la legalización de drogas duras.
También con respecto a las drogas blandas, los argumentos sobre la salud pública juegan un papel, pero éstos son de menos peso. Se ha demostrado que la venta más o menos libre de cantidades de drogas blandas destimadas al autoconsumo en Holanda no ha conducido a un consumo mucho mayor que en los países que aplican una política muy represiva en este aspecto. La diferencia radica en el hecho de que en Holanda el consumidor de productos de cannabis - con frecuencia gente joven - no se 'criminaliza'. Las consecuencias del consumo de cannabis son menos dañinas que las del uso de drogas duras. No obstante, también el consumo de cannabis encierra peligros, que pueden ser perjudiciales especialmente para la juventud.
El paralelo con sustancias como la nicotina y el alcohol es obvio en este respecto. Esta comparación habrá de manifestarse también en la política. Procuramos reducir el uso de nicotina y del alcohol limitando algo la oferta y desalentándolo, entre otras cosas, mediante la información, pero no prohibiéndolo totalmente. No consideramos tampoco deseable cerrar todos los coffeeshops, ni la liberalización total de la venta de cannabis. La política se dirigirá a desanimar el consumo en la medida de lo posible, por ejemplo reduciendo el número de coffeeshops, imponiendo límites de edad a la venta y prohibiendo su establecimiento en la vecindad de los centros docentes, así como intensificando la información acerca de los efectos perjudiciales del cannabis.
Ante este orden de cosas cabe pensar primero en un modelo en el cual el transporte se realice bajo control estatal o bien reglamentándolo de manera radical. Se impone la analogía con el antiguo monopolio del opio del gobierno en las antiguas Indias Neerlandesas. La introducción de cualquier sistema de licencia para el cultivo de cannabis requiere, sin embargo, la abolición de la penalidad del mismo, o sea 'legalización'. La autoridad holandesa no puede dar permiso para comprometer o implicarse ella misma en la comisión de un delito.
Como se explica en el anexo II de este informe, según la opinión de personas expertas en el terreno del derecho penal internacional, los tratados ratificados por Holanda no dejan ningún espacio para legalizar la venta de drogas para fines recreativos. El tratado de las NN.UU. de 1988, en especial, obliga a la penalización del cultivo de cannabis. En el Acuerdo de Schengen se ha convenido que los tratados del opio de las NN.UU. serán observados íntegramente. De las partes firmantes del tratado y organizaciones internacionales involucradas no cabe esperar una interpretación condescendiente de las obligaciones que rigen para Holanda en el tratado. La legalización no sólo requiere la rescisión por parte de Holanda de los tratados en cuestión sobre el opio, sino también del Acuerdo de Schengen, que exige la observación de estos tratados. Así, pues, debido a las obligaciones vigentes del tratado, la introducción de un sistema de licencias es una vía intransitable.
Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que los países vecinos se verán enfrentados inevitablemente con los efectos externos de semejante política. Se podrá temer, por ejemplo, que una parte del transporte reglamentado vaya a parar de manera ilícita al extranjero. Debido a la eliminación de riesgos empresariales de derecho penal, la legalización del cultivo, del comercio y de la venta de drogas blandas originará, además, precios aún más bajos en el mercado holandés, lo que avivará el narcoturismo en lugar de templarlo. No puede alegarse tampoco que esto sea una agradable perspectiva para los municipios fronterizos.
Tanto debido a las obligaciones del tratado, como por la amplia y creciente movilidad dentro de los países de la Unión Europea, la medida de disponibilidad de drogas en los estados miembros sólo puede diferir dentro de márgenes reducidos. La discusión sobre la legalización de drogas se ha convertido por ello en una discusión intrínsicamente europea. Por lo tanto se ha de llevar a cabo también en conexión europea. Holanda puede desempeñar, desde luego, un papel activo en esta discusión europea, por ejemplo, en cooperación con algunos estados federales alemanes y como continuación del informe de la comisión francesa Henrion, mencionado con anterioridad. Por nuestra parte, continuaremos esforzándonos en este sentido. En la situación actual, sin embargo, el gobierno holandés no considera posible que, a diferencia de los países vecinos, proceda a legalizar por sí solo la oferta de drogas blandas.
Mas a nuestro modo de ver ha llegado el momento de que dentro de las posibilidades que ofrece el derecho de los tratados, puede y debe crearse más claridad sobre los límites dentro de los cuales los explotadores de los coffeeshops puedan desplegar sus actividades*. Los coffeeshops han demostrado en Holanda su derecho de existencia en los últimos veinte años y por lo tanto necesitan ser reglamentados. Esto implica, no sólo un perfeccionamiento de las directrices del Ministerio Público con respecto a la localización y persecución judicial de delitos opiáceos, sino también una reglamentación* ulterior de carácter administrativo.