La base para la política iniciada es la nota mencionada antes sobre la disminución de la molestia excesiva (TK 1992-1994, 22684, núm. 12). Ocupa un lugar central en la misma la 'coacción o presión' del enfoque: a una parte de los drogómanos justiciables se les pone a optar entre un trayecto de seguimiento y tratamiento con la perspectiva de una integración social y terminación de la carrera criminal, o una prisión preventiva continuada.
Para la implementación de la política reproducida en la nota se fundó, como queda dicho, el Grupo Rector contra la Molestia (SVO).
A partir del SVO se ha trabajado, en deliberación con los interlocutores en los municipios que son responsables de la disminución de la molestia y de la atención ambulatoria a los toxicómanos, en la formulación de planes de proyectos integrales. La responsabilidad primaria para dar expresión a la política local recae después de todo en los municipios. En 1994, nueve municipios percibieron una contribución financiera. En la selección de 25 municipios en total que entran en consideración para recibir una contribución financiera a partir de 1995, se ha tenido en cuenta la llamada 'Política de las Grandes Ciudades'. En el reparto de los fondos se ha adoptado como uno de los criterios que tiene que darse el caso de existir un acercamiento integral que preste atención tanto a la prevención, asistencia y detención, como a la resocialización. A la vez había de estar a la vista que todos los 'actores', es decir la atención a la toxicomanía (ambulatoria e intramural), policía, justicia, rehabilitación, servicios municipales y establecimientos penitenciarios habían asumido una responsabilidad en la realización de la reducción de la molestia.
Junto a estos proyectos locales se otorgan importes para iniciativas nacionales, como el proyecto 'Presión a Medida' con la Asociación Holandesa de Instituciones para la Asistencia a la Toxicomanía (NeVIV), ampliación de pensiones sociales, ampliación de proyectos de intervención de asistencia temprana con la Rehabilitación (VIP), desarrollo de castigos de trabajo para drogómanos, ampliación de la cantidad de secciones libres de drogas en establecimientos penitenciarios y la fundación de una clínica de adicción forense (FVK). Esta clínica de adicción especial, que consistirá en una fase cerrada y una fase abierta, podrá funcionar según se espera a partir de 1996.
El grupo meta de esta previsión de asistencia consiste en toxicómanos justiciables que son manejables, pero de quienes la índole de la adicción, la gravedad de los actos delictivos que han cometido, la estructura de la personalidad y los antecedentes de la prestación de ayuda son tales que no ha sido indicado un ingreso en un centro asistencialista de régimen abierto. Por consiguiente, la afluencia hacia esta previsión tiene lugar, por consiguiente, en una fase cerrada, que puede ser diferente en cuanto a la duración de la permanencia por cliente. Una vez redondeada esta fase cerrada se procede a una afluencia hacia la fase abierta, a la que se da forma en una comunidad de vida y trabajo situada en un ambiente rural. Se trata de una nueva previsión para la asistencia a toxicómanos que se inicia como experimento y cuya implementación requiere el tiempo de desarrollo necesario. Por tal motivo se empezará a pequeña escala con una fase cerrada. Finalmente, se podrá disponer de 70 plazas a lo sumo.
De acuerdo con la estimación mencionada en la 'nota concerniente a la política orientada hacia la disminución de la molestia causada por toxicómanos', aumentaremos el presupuesto del grupo SVO con 12,5 millones de florines para el año 1996. Como queda dicho con anterioridad, el SVO se asociará con la 'Unidad Especial Interadministrativa de Seguridad y Asistencia a Toxicómanos'.
El gobierno concede mucho valor a la ampliación de la capacidad para los proyectos de coacción y presión. Las 200 celdas carcelarias con un régimen sencillo que quedarán ultimadas en su mayor parte este año - las llamadas celdas Wallage han sido reservadas, en el marco de la política de las grandes ciudades, para las cuatro ciudades mayores. Para los proyectos de presión de toxicómanos se necesita una mayor cantidad y otra clase de celdas. De las celdas extra que el gobierno ha aceptado construir y sobre las cuales se podrá disponer en 1996, se reservarán, en consulta con el ministerio Público, 500 para la detención de toxicómanos que cometen delitos graves. Con ello se dispondrá de suficiente capacidad adicional para esta categoría de personas.
Dentro del establecimiento penitenciario se han creado, en el marco del plan de gestión, 'Secciones Activas de Detención y Libre de Drogas' (DVA). La capacidad de estas secciones con un régimen adaptado asciende aproximadamente a 300. Para 1997 se tiene prevista una ampliación hasta un total de 620 plazas. De lo que se trata es que los toxicómanos motivados permanezcan durante (parte de) su detención en las secciones mencionadas secciones (DVA) y se preparen de forma activa para el tratamiento y rehabilitación social. La afluencia de estas secciones tiene lugar o bien según previsiones de tratamiento mediante la aplicación del art. 47 de la Medida Penitenciaria, o bien por la terminación de la detención con la posibilidad de un seguimiento continuado a cargo de la atención a la toxicomanía y/o rehabilitación social.
Los proyectos de coacción y presión que se conocen ahora van destinados a los toxicómanos que han cometido delitos relativamente graves. Después de haber sido puestos en libertad del establecimiento penitenciario suelen ingresar en una clínica de rehabilitación. Según las ideas actuales, el aspirar a una abstinencia a corto plazo es para muchos drogadictos, como queda dicho, poco realista y sería mejor que se aspirase a un mejoramiento del modo de vida e integración social del drogadicto. Para este fin se ofrecen formas ambulantes de prestación de ayuda, en las cuales se insiste en seguir una formación y obtener experiencia laboral. En las ciudades de Dordrecht y Den Bosch se han adquirido buenas experiencias con la oferta de formación y trabajo bajo condiciones estrictas a autores sistemáticos, entre los cuales figuran toxicómanos*.
Con las cuatro ciudades mayores se han celebrado conversaciones en el marco de la política de las grandes ciudades acerca de la posibilidad de que, a modo de experimento para toxicómanos criminales que cometen muchos delitos livianos, participen en formas de acogida en un establecimiento de régimen cerrado. Para una gran parte de este grupo meta, lo máximo que puede lograrse es un mejoramiento de su estilo de vida. Esto puede alcanzarse colocando al individuo en una institución de régimen cerrado dentro de la cual se trabaje en la rehabilitación social por medio de formaciones y adquiriendo experiencias laborales.
La base jurídica para estas nuevas formas de acogida de toxicómanos criminales problemáticos puede consistir por el momento entre otras cosas en la suspensión de la prisión preventiva bajo condiciones especiales. Los toxicómanos se encuentran entonces a base de voluntariedad en un establecimientos de régimen cerrado como alternativa para la permanencia en una casa de detención o cárcel. Tan pronto como abandonan el programa sigue una detención y (re)encierro en la Casa de Detención. El municipio es responsable del ofrecimiento de facilidades de ayuda, instrucción y encaminamiento al trabajo, tanto durante la colocación en el establecimiento como después de la puesta en libertad. En principio, también se ofrece con ello una perspectiva sobre un puesto de trabajo al final del trayecto. El ministerio de Asuntos Sociales y Empleo está involucrado por eso en la preparación del experimento.
La construcción para colocar a drogadictos en una situación de acogida como condición a una detención preventiva interrumpida no es ideal. El ingreso en la institución viene en lugar de un castigo privativo de libertad relativamente corto. Es deseable que se obtengan posibilidades para la acogida forzosa de toxicómanos que por haber cometido una serie de delitos livianos y/o haber mostrado una conducta agresiva causan molestias excesivas. Para ello hay que crear una base jurídica específica. Por tal motivo, el ministro de Justicia presentará una proposición de ley a fin de introducir la medida penal sobre la acogida de drogadictos, en parte por analogía con el ingreso que se efectuaba antes en un establecimiento estatal de trabajo de vagabundos, mendigos y proxenetas ex artículo 432 del Código Penal.
La justificación para la colocación de drogadictos que cometen delitos con regularidad, no radica en la gravedad de los delitos cometidos por ellos separadamente. Esta se debe por una parte en la molestia social causada por la criminalidad y por otra en el interés de personas adictas a la droga para obtener una oferta de ayuda e instrucción en un establecimiento de régimen cerrado. La duración máxima de la colocación excederá por lo tanto a la tarifa penal corriente por delitos patrimoniales y consistirá, por ejemplo, en tres meses como mínimo y uno o dos años a lo sumo.
Las municipalidades de las cuatro ciudades mayores han prometido cooperar en la realización de uno o más experimentos. A corto plazo tendrá lugar un estudio para determinar, entre otras cosas, el volumen exacto del grupo meta. Los municipios de Rotterdam y Amsterdam se han declarado dispuestos a financiar los experimentos. Por nuestra parte, tenemos la intención de dedicar a este fin fondos que pertenecen al presupuesto para la política de las grandes ciudades.
Con las grandes ciudades se ha acordado establecer un grupo de trabajo con la mencionada 'Unidad Especial de Seguridad y Asistencia a Toxicómanos' que tendrá la misión de preparar el estudio y dirigir más tarde uno o más experimentos. Esperamos poder iniciar en 1996 un experimento en el municipio de Rotterdam para 100 toxicómanos causantes de molestias. La Unidad Especial hará propuestas para ampliar los experimentos hasta un mínimo de 300 plazas, de las cuales 100, en todo caso, estarán a disposición de Amsterdam.
Esperamos que la ampliación de la aplicación de los proyectos de coacción y presión, en combinación con la extensión de la capacidad regular de celdas carcelarias, y dado también el claro volumen de la categoría de reincidentes altamente activos por ciudad, conduzca a una disminución de la molestia causada por los toxicómanos criminales problemáticos.