En la política holandesa de la droga que se ha seguido en los últimos veinte años, la importancia de la salud pública ha figurado siempre en primer lugar. Si se mide según este fin, esta política puede considerarse acertada. La despenalización por la posesión de cantidades de drogas blandas para uso propio y la presencia de centros de venta que son tolerados bajo determinadas condiciones no ha dado lugar a un nivel de consumo inquietamente alto entre la gente joven. Los consumidores de drogas blandas, por lo general, no están dispuestos, además, en concordancia con la intención de la llamada política de separación de mercados, a experimentar con el consumo de drogas duras, como heroína o cocaína. El consumo de heroína o cocaína se da muy poco entre los holandeses menores de edad y, además, en medida descendente. Esta evolución resalta favorablemente frente a la de la mayor parte de los países europeos. En esta diferencia debe buscarse tal vez también la explicación para la divergente composición del debate público en Holanda y en algunos otros países. En Holanda, el problema de la droga no se experimenta más en primer lugar como una inmediata amenaza para la salud pública, sino como una fuente de molestia. En la definición y experiencia holandesa actual del problema encaja mejor un enfoque más pragmático y administrativo.
La política fuertemente orientada hacia la prevención y atención con respecto a los drogadictos ha contribuido a que la situación sanitaria de los adictos residentes en Holanda resalte también de manera favorable frente a la de países vecinos. La infección con el virus VIH entre los drogómanos está menos extendida en Holanda que en otras partes y va disminuyendo. La mortalidad entre los drogadictos holandeses es baja y no aumenta como en muchos otros países de Europa. En los resultados alcanzados hasta la fecha, el gobierno holandés ve motivos para continuar, en sus rasgos característicos, la política pragmática que ha seguido hasta la fecha y que va orientada hacia el control del perjuicio de la salud.
Entre tanto, sin embargo, se han manifestado algunas complicaciones desfavorables que obligan a introducir adaptaciones en algunas partes. La molestia criminal y otras clases de molestias, causadas por drogadictos holandeses y extranjeros, ha traspasado el límite crítico en muchos municipios y por tal motivo tiene que ser disminuida. Debido a estos efectos secundarios se mina, además, la base social de la política orientada hacia la integración social de los consumidores. La política holandesa de la droga seguirá apuntando en los años venideros hacia la lucha contra las consecuencias desfavorables del consumo de drogas para la salud pública, pero a la vez tendrá por objeto reducir la molestia social que viene causando.
También la fuerza de atracción que ejerce el mercado holandés de drogas sobre consumidores de los países vecinos y la crítica que en parte evoca por ello en otros países la política holandesa calificada de tolerante, exigen que se introduzcan adaptaciones. Por último, la creciente implicación de organizaciones criminales en el transporte y venta de narcóticos tiene preocupados a muchos tanto en la propia Holanda como en el exterior. El creciente poder económico de la criminalidad organizada constituye en Holanda también un problema grande y urgente.
Al margen de estas complicaciones, en la política seguida debe tenerse en cuenta que la problemática de la droga cambia continuamente de carácter. Entre los jóvenes, la heroína ha adquirido una imagen de perdido y el consumo de drogas sintéticas como el XTC está desarrollándose fuertemente. Estas últimas drogas pueden causar también graves daños a la salud, según el grado y contexto en que se tomen. Por tal motivo se las califica como drogas duras. El enfoque de estas drogas solicita por lo demás un tratamiento específico. Otra tendencia con importantes implicaciones políticas es el consumo intenso de drogas blandas y duras dentro de grupos sociales marginados en la sociedad. Con este grupo meta la atención que se dedique a la drogadependencia sólo puede resultar efectiva si forma parte de un enfoque de mayor envergadura, dentro del cual se procure a la vez mejorar el estado de la instrucción y la situación laboral. La política de las grandes ciudades, que apunta también a la integración de los jóvenes que amenazan con descarriarse bajo el aspecto social, ofrece buenas posibilidades para ello.
Desde hace algún tiempo, en la sociedad holandesa se oyen voces que piden la despenalización total de la producción y venta de drogas. De este modo, se dice, bajarán fuertemente los precios de las drogas, debido a lo cual las organizaciones criminales perderían su fuente de ingresos más importante. Al mismo tiempo, los toxicómanos ya no necesitarían cometer más delitos patrimoniales para disponer de dinero para la compra de drogas ilícitas.
El gobierno es de opinión que si se autoriza la venta libre de drogas duras, existe el peligro de que un mayor número de jóvenes que se encuentran en circunstancias socialmente vulnerables pasarán a consumir tales drogas, con todos los riesgos correspondientes para la salud. El gobierno considera que estos riesgos constituyen ya de por sí un motivo suficiente para rechazar tal opción de gestión. El número gratamente reducido y cada vez más pequeño de drogadictos menores de 21 años de edad no debe ponerse en juego. El número reducido de drogadictos menores de edad que se da en las ciudades holandesas constituye pues un importante logro de la política holandesa de la droga.
Con respecto a las drogas blandas, la situación es algo diferente. Las experiencias holandesas con respecto a los coffeeshop han demostrado que una mayor disponibilidad de estas drogas no ha producido de por sí un aumento inadmisible del consumo. Estos bares-tienda desempeñan para los jóvenes una función social útil como válvula de seguridad frente al escenario criminal que existe en torno a las drogas duras. Así, pues, cabe preguntarse si no se debería proceder a la legalización del transporte de drogas blandas a estas 'tiendas'. Una liberalización sin más, es decir permitir que se comercialice en forma total el tráfico de drogas blandas, lo consideramos indeseable. El consumo ha de ser desalentado, entre otras cosas por medio de la información. Se podría pensar en la introducción de un monopolio estatal o un sistema de licencias. Esto tendría seguramente sus ventajas. El papel de las organizaciones criminales con los coffeeshops podría reducirse. Sin embargo, contra esta opción se oponen complicaciones y obligaciones que emanan de tratados internacionales a los que Holanda se ha comprometido.
La organización de un sistema de licencias acarrea grandes cargas de ejecución y control. De una legalización eventual del cultivo y/o comercio de drogas blandas se originaría probablemente una fuerza de atracción debido a lo cual aumentaría la molestia causada por los narcoturistas extranjeros. Con formas de legalización que se limiten a Holanda habrá de tenerse en cuenta, además, que continuará existiendo la criminalidad organizada orientada hacia el tránsito a otros países y que habrá de ser combatida, pues, de igual forma.
Para el gobierno holandés las desventajas pesan más que las ventajas prácticas. Los inconvenientes eventuales en torno a los coffeeshops pueden solucionarse mejor dentro de las posibilidades existentes en los tratados de estupefacientes mediante adaptaciones de la política de enjuiciamiento criminal del ministerio Público, en combinación con una regulación administrativa.
El gobierno habrá de esforzarse para participar del modo más eficaz posible en los debates europeos e internacionales relativos a la política de la droga. En este orden de cosas tiene alta prioridad el suministro de información factual acerca de los trasfondos y resultados de la política holandesa. Sin embargo, según la opinión del gobierno holandés, el espacio para la influencia de la discusión europea es más reducido de lo que a menudo se suele pensar. Las consideraciones normativas, que se han determinado cultural e ideológicamente, desempeñan en esta discusión inevitablemente un gran papel.
La contribución holandesa a la discusión internacional y europea, considerada conveniente por el gobierno, sobre las ventajas y desventajas de la legalización de drogas blandas ha de efectuarse con prudencia y con una adecuada relativización de las propias opiniones. El enfoque habrá de consistir, entre otras cosas, en entablar contactos con socios estratégicos en el extranjero.
Representantes del mundo empresarial holandés que se inquietan por las consecuencias económicas de la política seguida por el gobierno de Holanda pueden contribuir a esta discusión internacional.
El gobierno holandés opta por mantener el rumbo iniciado en los años setenta con algunas adaptaciones. Acerca de la problemática de los drogadictos se reaccionará igual que en el pasado, dentro de un marco adaptado de prevención, atención sanitaria, tratamiento y sancionamiento penal de la conducta criminal. No obstante, será necesario colocar en este marco algunos acentos nuevos.
La prevención primaria tendrá que orientarse, por una parte y en mayor medida que hasta ahora, hacia el consumo recreativo de drogas nuevas como el XTC y, por otra, hacia el uso más de índole problemática de drogas entre los grupos socialmente vulnerables. Para el suministro de información, el fomento de los conocimientos y el desarrollo de la gestión en el terreno de la prevención de la droga, se realizará una función de apoyo a nivel nacional.
La oferta de atención será mejor ajustada. En este respecto se trata, entre otras cosas, de una mejor relación de las diferentes formas de atención, como el suministro de metadona y proyectos con respecto a instrucción, trabajo y vivienda. En mayor medida que en el pasado, se ofrecerá a los drogadictos una oferta integral a medida, de la cual además de derechos también resulten obligaciones. En este orden de cosas se dedicará más atención a lo que se ha dado por llamar case management.
La necesidad de disponer de una oferta de prevención y atención más flexible e integral significa a la vez que es necesaria una estrategia de gestión y financiamiento más clara. En vista de ello, el gobierno holandés ha decidido investigar si el enfoque actual y regional de la atención ambulatoria a drogadictos a través de 23 centros municipales puede ser continuada también después de la terminación de la 'Ley Temporal de Estímulo de la Renovación Social' ('Tijdelijke Wet Stimulering Sociale Vernieuwing') a partir del 1 de enero de 1997. Con miras al monitoreo necesario de la problemática de la drogadependencia, nos encargaremos también de adoptar una regulación legal para establecer la obligación de participar en el suministro de información nacional.
Para poder hacer frente a los problemas que han surgido de molestia y criminalidad, se requiere un enfoque integral en el cual todas las partes - el estado, las administraciones municipales, el ministerio Público, la policía, el servicio de reinserción social, el sistema penitenciario y la asistencia a toxicómanos - contribuyan de una manera sincronizada. Con respecto al consumo de drogas duras, los esfuerzos de la administración local, la policía, el ministerio Público y asistentes sociales, tendrán que orientarse hacia la forma de acondicionar el comportamiento de los drogadictos. El hecho de que el consumo de drogas no sea de por sí punible, no significa carta blanca para la criminalidad adquirida, agresividad o un comportamiento molesto. Los toxicómanos que sean culpables de ello serán llamados al orden.
Mantener estos fenómenos marginales del consumo de drogas dentro de los límites aceptables requiere una sincronización intensiva entre las entidades interesadas. Sin el deseo de hacer a los drogadictos inaccesibles a la prestación de ayuda, consideramos necesario que también en el trayecto asistencial hay que dedicar la debida atención a socializar el comportamiento de los drogadependientes. Para ello se necesita un enfoque encadenado. En primer lugar es importante fortalecer el planteamiento preventivo. Los anunciados programas de acción de las grandes ciudades para el enfoque integral de la problemática social de la juventud colocan los cimientos necesarios para ello. Fortaleciendo las perspectivas de los jóvenes socialmente vulnerables se logra abordar los problemas por la raíz. A continuación conviene que la atención de la toxicomanía sea accesible y diferenciada. También para los clientes de la atención de la drogadicción es esencial la creación de una perspectiva social, entre otras cosas en forma de instrucción y trabajo. Al mismo tiempo, se tendrá que actuar de manera correctiva contra los toxicómanos que siguen extraviándose en comportamiento molesto y criminal. Por último, como cierre de la cadena se dispondrá de suficiente capacidad carcelaria para castigar a infractores obstinados y, entre ellos, también a infractores de las ordenanzas municipales sobre conducta molesta.
Evitar y combatir la molestia causada por las drogas constituye una parte explícita de los convenios de seguridad en la política de las grandes ciudades. Para poder realizar esta política, el gobierno ha puesto a disposición fondos adicionales para los cuatro años siguientes (en total 375 millones de florines - unos 225 millones de dólares - para habitabilidad y seguridad). En este marco se ha acordado que las cuatro ciudades mayores tomen la iniciativa en la organización de una dirección central más ajustada a nivel local a fin de realizar un enfoque consecuente e integrado. El sector asistencialista, la policía, la justicia y la reinserción social están directamente implicados en ello. El presupuesto para renovar las ocupaciones dirigidas a disminuir la molestia causada por las drogas asciende en 1995 a 37 millones de florines (más de 20 millones de dólares) y a partir de 1996 será aumentado con 12,5 millones de florines (49,5 millones de florines estructuralmente).
Para asegurarse de la ejecución adecuada de los propósitos de gestión de la autoridad estatal y de las autoridades de las ciudades mayores con relación a la seguridad y las molestias causadas por los toxicómanos se crea una entidad que se ha denominado 'Unidad Especial Interadministrativa de Seguridad y Atención de la Toxicomanía'. Esta Unidad, que consiste en coordinadores con mandato del estado y de los municipios, tiene la misión de vigilar el pronto cumplimiento de los propósitos políticos establecidos en este informe con relación a la molestia y asesorar a las municipalidades y gobernantes interesados en donde se produzcan demoras en tareas del estado o municipio.
A imitación de la acertada operación policial Victor que tuvo lugar este año en Rotterdam, la capacidad concerniente a policía y detención queda reservada permanentemente para la localización de toxicómanos holandeses y extranjeros que causan molestias. Los toxicómanos extranjeros detenidos por haber cometido actos criminales, serán expulsados directamente si fuere necesario, también en el caso de ciudadanos de la UE. En los países vecinos se intensificará la cooperación con las autoridades policiales y judiciales. Asimismo en el marco de la UE se fomentará el mejoramiento de la atención de la drogadicción en países relevantes, de suerte que los jueces holandeses obtengan más posibilidades para colocar a toxicómanos extranjeros en clínicas de drogadicción y afines en su país de origen.
El ministro del Interior presentará una proposición de ley para ampliar las posibilidades para los municipios con el objeto de cerrar las viviendas desde las cuales se trafica en drogas. A imitación del ejemplo amsterdamés, se establecerán en varios lugares del país centros de comunicación de conductas molestas por las drogas provistos de funciones intermediarias y de información.
La atención intramural ha estado hasta la fecha casi totalmente bajo el signo de la aspiración a la abstinencia (a estar y permanecer completamente libre de drogas por parte del cliente). Para la mayoría de los toxicómanos, esto es casi imposible, por lo menos a corto plazo. También la atención intramural tendrá que optar con más frecuencia por un mejoramiento del grado de adaptación social como objetivo secundario o incluso como objetivo principal. Donde fuera necesario y fuese posible se tendrá que emplear para ello un título de derecho penal.
En 1966 se inaugurará una clínica forense para drogadictos. Esta clínica está destinada a toxicómanos que han cometido delitos graves y necesitan una atención intensiva. La clínica dispondrá finalmente de 70 plazas.
En el marco de la política ya iniciada, dirigida hacia la disminución de la molestia, se creará a la vez más espacio para los llamados proyectos de coacción y presión que tienen por objeto utilizar la amenaza de la detención como estímulo para iniciar un tratamiento intramural o también ambulatorio para los toxicómanos que hayan cometido delitos relativamente graves. Las formas de seguimiento intensivo por parte del servicio de reinserción social con control sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas, empalman con ello. El ministro de Justicia en deliberación con el ministerio Público destinará a tal efecto 500 de las celdas extra de que se dispondrá en 1996.
En el marco de la política de las grandes ciudades se realizará uno o más ensayos con la colocación de drogadictos en una situación de vigilancia, los cuales por haber cometido una serie de delitos leves (patrimoniales) y/o debido a una conducta agresiva causan grandes molestias. En el marco de esta situación de vigilancia se trabajará en su reintegración social. La 'Unidad de Seguridad y Atención de la Toxicomanía' mencionada con anterioridad se encarga en parte de realizar este cometido. Una colocación en este establecimiento para la acogida de drogadictos tendrá lugar, por de pronto, a base de una condición en la suspensión de la detención preventiva.
Con el objeto de crear una base jurídica apropiada para este enfoque, el ministro de Justicia presentará una proposición de ley para la medida penal acerca de la acogida de toxicómanos, en parte por analogía con la colocación penal en un establecimiento estatal de trabajo para mendigos y vagabundos, que ha caído en desuso. Esta acogida forzosa podrá ser aplicada por el juez por un período mínimo de tres meses y máximo de uno o dos años. Los municipios se encargarán del programa de formación y experiencia laboral. Las municipalidades de las grandes ciudades han prometido prestar toda su cooperación a la realización de estos planes. Las municipalidades de Rotterdam y Amsterdam se han declarado también dispuestas a participar en la financiación. Se empezará con un experimento en el municipio de Rotterdam con 100 plazas aproximadamente. La mencionada unidad de seguridad y atención a la toxicomanía preparará propuestas para una ampliación hasta 300 plazas, 100 de las cuales se pondrán a disposición de Amsterdam.
El gobierno ha tomado con aprecio conocimiento del dictamen del 'Consejo de Sanidad' sobre el suministro de heroína y otros opiáceos por prescripción médica. Nos pondremos en contacto con las municipalidades interesadas en ello acerca de la ejecución de uno o más experimentos a pequeña escala a una base estrictamente médica. El objeto de este suministro es mejorar las condiciones médicas y sociales de los toxicómanos. Los efectos positivos sobre la problemática de la criminalidad y las molestias que emanan de ello han de considerarse como elementos secundarios altamente deseables. En la evaluación se dedicará igualmente atención a estos aspectos. Se empezará con un estudio piloto con respecto a 50 toxicómanos como máximo.
El tráfico en drogas duras se seguirá tratando enérgicamente bajo el aspecto del derecho penal. Se intensificará la cooperación con el extranjero. El equipo nacional de policía judicial obtendrá también la tarea de prestar ayuda a las investigaciones de localización extranjeras. Los objetivos de este planteamiento penal consisten en mantener lo más alto posible los escalones financieros y sociales para el consumo de drogas duras y combatir la implicidad de Holanda y de los holandeses en el comercio internacional de estas sustancias tóxicas. La venta de drogas duras a escolares será castigada severamente. Se concederá más prioridad a la localización de las figuras dirigentes que actúa tras el comercio local en drogas duras (el llamado nivel medio).
El planteamiento penal de la criminalidad organizada exige grandes sacrificios por parte de las autoridades holandesas y de la sociedad holandesa en general. Dada la gravedad de la situación actual, el gobierno considera inevitable que se hagan estos sacrificios. Los ministros de Justicia y del Interior enviarán a la Segunda Cámara lo más pronto posible, una vez concluida la encuesta parlamentaria, un plan de enfoque actualizado para la criminalidad organizada.
A base de una directiva del ministerio Público, la venta de drogas blandas en ciertos establecimientos de hostelería (secos) no tiene prioridad de localización. Los coffeeshops de confianza han demostrado que contribuyen a la protección de los consumidores de drogas blandas contra el mundo de las drogas duras. Por consiguiente, la política de tolerancia penal será continuada. La práctica ya existente de hecho de que los explotadores de estas 'tiendas', que se atienen a las condiciones impuestas, no han de temer que sean perseguidos por la posesión de algunos cientos de gramos de cannabis para la venta en su establecimiento, será formalizada en la directiva del ministerio público.
La venta de drogas duras dentro de estas 'tiendas' está diametralmente opuesta al objetivo central de la política sobre los coffeeshops. Por consiguiente, se actuará contra ello con dureza en virtud del derecho penal y administrativo.
La institución de los coffeeshops necesita que sea mejor intercalada dentro del aparato administrativo. Dada la responsabilidad por el orden público y la seguridad, la administración local ha de encargarse de que, estos sitios estén ubicados y sean explotados en tal forma que causen la menor molestia posible a los ciudadanos. La posibilidad de llevar a cabo una política local de mantenimiento del orden público radica en la limitación a una categoría determinada de sitios, a saber a establecimientos de hostelería donde no se vendan bebidas alcohólicas y no tengan máquinas tragaperras. Por lo demás, conviene contar también con una reglamentación (local) ulterior a fin de poder agudizar la comprobación preventiva de establecimientos, tanto por lo que se refiere a instalación como a empresario, gerente y administrador. Las personas con antecedentes penales no entran en consideración para ello.
Semejante reglamentación adaptada y los esfuerzos adicionales dirigidos hacia el mantenimiento de la misma, contribuirán a la regulación de la institución coffeeshop. Este mantenimiento requiere la celebración de acuerdos entre las municipalidades, la policía y el ministerio Público en una deliberación tripartita. En el ínterin, en la mayor parte de las grandes ciudades, ya se ha decidido reducir radicalmente la cantidad de coffeeshops, en muchos casos hasta menos de la mitad del número actual. El gobierno apoya esta operación de saneamiento. En la vecindad de las escuelas ya no se admitirán más coffeeshops. En principio, la deliberación tripartita en un determinado municipio, donde no exista una demanda real por tal sitio de venta, podrá elegir por la opción cero.
En el marco de la modificación general de la Ley sobre bebidas alcohólicas y hostelería se aumentarán para los municipios las posibilidades para rechazar y retirar las mencionadas licencias.
A la Unidad Especial Interadministrativa de Seguridad y Ayuda a la Toxicomanía se solicitará que instituya en pro de las administraciones municipales, la policía, el ministerio Público y la enseñanza, una agencia de peritación con relación a los aspectos administrativos y judiciales de la política de la droga, entre los cuales se incluye la regulación de los coffeeshops.
La venta tolerada de drogas blandas en coffeeshops se limitará a una cantidad máxima de 5 gramos por cliente. Los explotadores de coffeeshops que se dedican a la venta de existencias consumistas de drogas blandas, destinadas obviamente a la exportación serán perseguidos en la medida de lo posible por tomar parte directa en el delito de narcotráfico internacional. Los extranjeros que exporten existencias comerciales a su propio país serán buscados directa y periódicamente para disuadir a otros. A tal efecto, se solicitará si fuere necesario la cooperación de las autoridades extranjeras. Mediante estos ajustes de la directiva queda refrenada la exportación de existencias consumistas de drogas blandas hacia los países vecinos.
El surgimiento de la marihuana cultivada en la propia Holanda requiere que se formule una política clara. El ministro de Justicia presentará una proposición de ley para aumentar la pena máxima legal para el cultivo de cannabis de dos a cuatro años de prisión. En la localización y persecución del cultivo de marihuana holandesa se conferirá prioridad al cultivo en gran escala y profesional. De este modo se evita que la marihuana holandesa se convierta en un producto de exportación. El cultivo casero por personas mayores de edad de pequeñas partidas de marihuana, que caen dentro de las condiciones a establecer por la deliberación tripartita local no obtendrá prioridad en la localización y persecución en cuestión.
Consideramos que el enfoque integrado, de derecho administrativo y penal que dejamos esbozado en este informe constituye una importante mejora en el planteamiento de los coffeeshops. Esto podrá contribuir a que disminuya la influencia de las organizaciones criminales sobre los coffeeshops. Esto último se empleará en los años próximos como piedra de toque para la política relativa a los coffeeshops.
La Unión Europea ha adoptado iniciativas para obtener una mejor idea del volumen y movimiento del consumo de drogas en Europa. A tal efecto, se ha creado en Lisboa el Centro de Observación Europeo con relación a las drogas y a la drogadicción. También por parte de las diversas instituciones de las NN.UU. y del Consejo de Europa (Grupo Pompidou) se realizan regularmente estudios en este respecto. El gobierno holandés concede gran valor a poder disponer de estadísticas mejores y comparables, así como de datos de investigación, sobre el consumo de drogas. En parte, a base de ello, podrán establecerse mejor que ahora los efectos de la política seguida, debido a lo cual el debate al respecto podrá adquirir un carácter más objetivo y se verá dominado en menor grado por imágenes y opiniones a priorísticas. Se espera que por este camino surgirá gradualmente una mejor comprensión sobre los puntos de partida y efectos de la política holandesa sobre la droga. El gobierno adoptará iniciativas para ampliar los programas estadísticos y científicos relacionados con el consumo de drogas, en especial en el marco de la UE y las NN.UU.
En el marco de la renovación asistencial, con inclusión de los aspectos de la molestia que causan las drogas, se dedicará mayor atención al control y evaluación, entre otras cosas a la investigación periódica de los consumidores. En cooperación con la NeVIV se ha iniciado un fomento de la calidad. También se estimulará, por parte del ministro de Sanidad, Bienestar y Deportes, la investigación de la evaluación de medidas preventivas. A la llamada 'Fundación de Atención Sanitaria de Futuros Escenarios' (Toekomstscenario's Gezondheidszorg) se le ha encomendado establecer futuros escenarios, también con relación a la problemática de la adicción *. También en este respecto se dedicará atención al contexto europeo de la problemática en cuestión.
La evaluación de la política acerca de los coffeeshops se referirá también a la realización efectiva de la separación de los mercados de drogas blandas y drogas duras, y a los efectos de la política municipal con relación a una limitación de la molestia y a la implicidad de las organizaciones criminales en (el suministro a) los coffeeshops.
No nos hacemos la ilusión de que con este informe se haya establecido un anteproyecto detallado para una larga serie de años para la política holandesa de la droga. El consumo de drogas está sujeto permanentemente a cambios. Una política pragmática, es decir una política orientada hacia resultados reales, tiene que ser por eso flexible. Somos de opinión que con este informe, a base de análisis objetivos sobre el estado de cosas, se ha fijado un rumbo para la política holandesa de la droga, que es constructiva y realista, y que sale al encuentro en forma equilibrada de los inconvenientes que existen tanto en Holanda como en el extranjero. La política trazada en la actualidad apunta a continuar la política holandesa específicamente humana y orientada hacia la integración social de los consumidores de drogas, mientras que se pone coto al lavado social de la problemática de la droga. La política propuesta contiene acaso todavía inconsistencias. Piénsese, sin embargo, que la política de la droga no es ningún ejercicio en la lógica, sino que aspira a mantener bajo control una problemática terca y policéfala, que está sujeta a la influencia de los desarrollos sociales y culturales rápidamente cambiantes en Holanda y en el extranjero.
Tanto el consumo de drogas como la política de la droga están fuertemente en movimiento. La política trazada ahora continúa edificando sobre los cimientos echados en años anteriores y ofrece simultáneamente buenas posibilidades para adaptarse con rapidez a nuevos desarrollos nacionales e internacionales. Mediante este informe se da a nuestro modo de ver, con respecto a la política de la droga, un paso motivado hacia adelante.